Ya el año pasado superábamos las cifras de llegada de turistas anteriores al cero turístico que supuso la pandemia y seguimos batiendo récords. Las previsiones son que este 2024 superaremos los 18 millones de turistas.
Pero no solo crece el turismo, nuestra población también, nada más y nada menos que 600 000 personas más en los últimos 20 años.
Este crecimiento de habitantes y visitantes no se ha visto acompasado con un crecimiento de las infraestructuras y equipamientos, cuyos debates se eternizan. Nuestras islas ya no dan para más, tienen un límite, algo de lo que el mundo entero se ha hecho eco a raíz de las manifestaciones que han tenido lugar en nuestras islas. Manifestaciones cuyo único efecto en este gobierno hasta la fecha ha sido el de crear 5 comisiones de trabajo que 6 meses después generan una propuesta que únicamente refleja la ausencia de modelo. Pero así es cómo encauza este gobierno la urgencia demandada por la preocupación ciudadana.

Es por ello por lo que el debate sobre un impuesto de estancias turísticas cobra mayor importancia que nunca, un impuesto que, tal y como se ha demostrado en otros destinos, ni sorprende ni frena a los turistas. Porque es cierto que el turismo es cíclico y que lo que hoy son récords máximos mañana pueden convertirse en mínimos, por lo que no se trata de evitar que los turistas vengan, sino de que la coexistencia de turistas y habitantes en nuestras islas cuente con una base sólida, adaptada a las necesidades de unos y otros. Una recaudación que se destine no solo al sector turístico, sino también a las infraestructuras afectadas por el uso turístico y que excluya a los residentes canarios, que ya contribuimos con nuestros impuestos.

El presidente recalcaba en la pasada sesión plenaria que el de Canarias ha sido un modelo “de éxito”, sin duda una interpretación subjetiva del concepto porque la riqueza generada por el turismo que ha venido utilizando nuestros recursos naturales no ha llegado precisamente a la población canaria. Y quizá es conveniente recordar que no somos dueños de nuestras islas, solo las estamos tomando prestadas de nuestros hijos, hijas, nietos y nietas.

Las consecuencias de este pésimo modelo las sufrimos en aspectos tan simples como el hecho de que,por ejemplo, El Hierro, sea uno de esos rincones en vías de extinción en Canarias en los que el día a día se planifica en torno a las actividades extraescolares que los niños quieren realizar y no las que les permitan, o no, los atascos que sufren otras islas como Tenerife, una isla víctima de décadas de mala gestión de un gobierno autonómico sin miras al futuro, que nos ha robado la libertad de decidir dónde vivir y a qué dedicar nuestro tiempo libre por estar condicionados por el caos existente alrededor.

Pero sigamos hablando de sostenibilidad, un concepto tan repetido en el Parlamento de Canarias como las mascarillas o el nombre de Pedro Sánchez. Porque ni culparlo a él de todos los males sirve para ocultar la nefasta labor de este gobierno autonómico, ni el mero hecho de hablar de sostenibilidad soluciona los problemas de unas islas que necesitan que se gobierne por el bienestar del territorio y de todos quienes lo ocupamos, no por el de unos pocos, como quienes ahora gobiernan acostumbran.