El diputado del Grupo Nacionalista Canario, Narvay Quintero, ha reclamado a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas la necesidad de impulsar el desarrollo de la Ley de Calidad Agroalimentaria, aprobada por unanimidad “de este Parlamento y que el Gobierno de Canarias ha guardado en una gaveta durante estos dos años”.

Es fundamental para los sectores implicados que haya una apuesta clara por todo aquello que regula la norma, que fue aprobada en abril de 2019 y cuyos plazos para hacerla realidad, 18 meses, ya están ampliamente superados”, explicó Quintero.

A la espera están muchos productores que reclaman definición de las prescripciones técnicas específicas para un producto o grupo de productos agroalimentarios englobados en la artesanía alimentaria; y los enólogos, que han visto concluido el plazo para especificar sus responsabilidades y funciones para la realización de determinadas prácticas enológicas y las condiciones para su utilización en las bodegas de Canarias.

Por otra parte, se han dejado en el limbo las disposiciones que modificaron para proteger el término “guachinche” que establecían un año para que solo pudieran utilizar ese término aquellos establecimientos donde se desarrollara la actividad de comercialización temporal de vino de cosecha propia. “Nada se ha hecho por ninguna administración para comprobar si se está cumpliendo esa limitación en el uso del término”, denunció el diputado.

En cuanto a la inspección, “es imprescindible la constitución del Consejo de Control de la calidad alimentaria, como órgano de coordinación entre los distintos departamentos del Gobierno con competencias en materia de inspección y control de la cadena alimentaria”.

Igual abandono han tenido los denominados productos agroalimentarios tradicionales de Canarias, “que necesitaban ser caracterizados y categorizados” para su mejor comercialización y venta, así como se ha cumplido el plazo para presentar las alegaciones ante el Tribunal Constitucional para que reconociera la denominación de vino de frutas, “sin que el Gobierno de Canarias hiciera nada”.

Tampoco se ha avanzado en el desarrollo reglamentario, mediante decreto, de la regulación de las competencias en cuanto a los alimentos transgénicos, una vez que, en coherencia con la declaración de la Comunidad Autónoma de Canarias como zona libre de cultivos transgénicos, se instó por la Ley a que el Gobierno de Canarias regulase sus competencias en esta materia.

“Y qué decir de la denominación del alimento del año, que la Ley tenía como objetivo promocionar, fomentar su consumo y difundir el conocimiento sobre sus propiedades, con el que se pudiera promocionar la salud y resultara de especial interés para Canarias”, concluyó Narvay Quintero.