El diputado del Grupo Nacionalista Canario, Narvay Quintero, ha puesto en evidencia el voto negativo del Partido Socialista a una propuesta de resolución de CC-PNC-AHI en la que se proponía “equiparar el precio de los combustibles que asumen los habitantes de La Palma, La Gomera y El Hierro al resto de las islas, modificando el impuesto especial de la Comunidad Autónoma sobre el combustible derivado del petróleo”.
Para Quintero es incomprensible y contradictorio que “no tengan entre sus objetivos excepcionar o disminuir el tramo actual en la gasolina y gasóleo en estas islas” y aprueben, al mismo tiempo, una propuesta con la que constatar “el esfuerzo del Gobierno de Canarias para no favorecer las técnicas oligopolísticas y monopolistas que solo implican encarecimiento del carburante”.

Este debate viene realizándose en el Parlamento de Canarias principalmente a instancias del diputado nacionalista, que ha cuantificado el gravamen que supone este sobrecoste para las familias y empresas de El Hierro, La Palma y La Gomera, con respeto a otras islas.
Hay que tener en cuenta que el precio del combustible, que ha venido incrementándose desde 2015, “supone un gravamen, para cualquier familia de El Hierro, de 75 euros al mes y cerca de 800 euros al año”; el mayor de las tres islas afectadas.

Para Quintero, a la hora de defender la tesis de liberalizar la competencia no se tiene en cuenta la economía de escala, “ni la dificultad que supone que una actividad económica obtenga beneficios y genere la entrada de otros operadores cuando el volumen de negocio es limitado”. En este sentido puso como ejemplo como en El Hierro “la facturación de todo un mes en una de las tres gasolineras que existen es la que realiza una estación de Tenerife en un solo día”.

Desde el Grupo Nacionalista Canario hemos propuesto insistentemente “un tipo impositivo diferenciado para las tres islas, en una cuantía igual al incremento del precio medio que han experimentado” y para controlar que estos beneficios repercutan directamente en los consumidores directos y no en las compañías “abogamos por una perfecta gestión del dinero público y que se controle con un observatorio la posibilidad de que las empresas obtengan beneficio a costa de una subvención pública”.